Un juez dejó sin acusados la causa por la voladura de Río Tercero
Diciembre 2006
OCURRIÓ EN NOVIEMBRE DE 1995, MURIERON 7 PERSONAS, HUBO MAS DE 300 HERIDOS Y LA CIUDAD QUEDO SEMI DESTRUIDA
Son seis militares que enfrentaban cargos por estrago doloso. Todos fueron sobreseídos. Se sospecha que la explosión intentaba destruir pruebas de la venta ilegal de armas, realizada durante el gobierno de Carlos Menem.
La indignación se podía respirar ayer en el aire de Río Tercero cuando sus 343 mil habitantes supieron que la Justicia Federal sobreseyó a los únicos seis militares imputados por la voladura de la Fábrica Militar que mató a siete personas, hirió a más de trescientas y destruyó gran parte de la ciudad el 3 de noviembre de 1995. Según esta decisión, no queda ningún acusado del desastre semejante a un bombardeo en el que llovieron miles de proyectiles de guerra sobre una población indefensa: también hubo diecinueve mil evacuados y más de veinticinco millones de dólares en daños.
El fallo firmado por el conjuez de Río Cuarto, Diego Estévez, libera de culpa y cargo a Jorge Cornejo Torino, Carlos Franke, Marcelo Diego Gatto, Oscar Quiroga, Edberto González de la Vega y Juan Carlos Villanueva, quienes ocupaban puestos de conducción en Fabricaciones Militares, en Buenos Aires, y en la planta industrial de la empresa estatal en Río Tercero. Todos estaban acusados de "estrago doloso", un delito que el código penal condena con 12 a 20 años de prisión.
Sin embargo, tres de ellos: Cornejo Torino, Franke y González de la Vega, siguen acusados en la Justicia Federal de Buenos Aires por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador.
En cuanto al sobreseimiento de la justicia federal cordobesa, será apelado por la única querellante que queda: la abogada Ana Gritti, quien perdió a su esposo, Hoder Francisco Dalmasso, cuando una bomba lo alcanzó en su auto.
Acostumbrada a las marchas y contramarchas de una pelea que jamás abandonó, Gritti dijo "lo del conjuez Estévez no me sorprende para nada. Este hombre, ni siquiera trabaja en el juzgado: retira material y trabaja en otro lado. Se lleva prueba escogida y no tiene la objetividad de un juez, sino la subjetividad de un defensor".
Gritti señaló que Estévez "trata de desacreditar las pruebas"; y agregó que "hasta trata de justificar lo injustificable, como tapar los cráteres, porque dice que así se restablece la seguridad de la población y que no es una maniobra para ocultar pruebas".
La Fábrica Militar de Río Tercero estalló apenas pasadas las 9 del viernes 3 de noviembre de 1995, y desde entonces la abogada Gritti intenta demostrar que se trató de una explosión provocada, y no accidental.
Desde los primeros años de la investigación, se sospecha que con la voladura de la fábrica se intentó destruir pruebas de la venta de ilegal de armas a Croacia y a Ecuador, realizada durante el gobierno de Carlos Menem.
Tanto Gritti como el diputado Horacio Viqueira, recordaron que "pasaron siete años hasta que el juez Luis Rodolfo Martínez aceptó investigar la hipótesis del atentado. Luego, otros dos hasta las pericias técnicas y químicas que se hicieron por orden del Tribunal Oral Nº 2, donde quedó demostrado no sólo que la voladura fue intencional, sino que hasta se planeó la dirección de su impacto, para evitar que estallaran también la fábrica química que está a pocos metros. Cuando se devolvió la causa a Río Cuarto para que se instruya como un hecho doloso, el juez Martínez se apartó y, en marzo de 2005, llegó Estévez.
En su fallo el conjuez apuntó: "(...) El fuego inicial, el incendio y las explosiones que siguieron, tuvieron lugar porque estaban dadas todas las condiciones para que los hechos ocurrieran en la forma como ocurrieron". La pregunta es: ¿cómo ocurrieron? ¿Por qué estaban dadas todas las condiciones para la tragedia?
En 1995, cuando el estallido, Cornejo Torino era director de la fábrica. González de la Vega fue gerente de Coordinación de Fabricaciones Militares y, por 15 días luego del desastre, director de la planta volada. Franke, en cambio, fue director Producción de Fabricaciones Militares. Los otros tres militares involucrados en las explosiones: Gatto, Quiroga y Villanueva, tenían cargos "menores" en la fábrica.
OCURRIÓ EN NOVIEMBRE DE 1995, MURIERON 7 PERSONAS, HUBO MAS DE 300 HERIDOS Y LA CIUDAD QUEDO SEMI DESTRUIDA
Son seis militares que enfrentaban cargos por estrago doloso. Todos fueron sobreseídos. Se sospecha que la explosión intentaba destruir pruebas de la venta ilegal de armas, realizada durante el gobierno de Carlos Menem.
La indignación se podía respirar ayer en el aire de Río Tercero cuando sus 343 mil habitantes supieron que la Justicia Federal sobreseyó a los únicos seis militares imputados por la voladura de la Fábrica Militar que mató a siete personas, hirió a más de trescientas y destruyó gran parte de la ciudad el 3 de noviembre de 1995. Según esta decisión, no queda ningún acusado del desastre semejante a un bombardeo en el que llovieron miles de proyectiles de guerra sobre una población indefensa: también hubo diecinueve mil evacuados y más de veinticinco millones de dólares en daños.
El fallo firmado por el conjuez de Río Cuarto, Diego Estévez, libera de culpa y cargo a Jorge Cornejo Torino, Carlos Franke, Marcelo Diego Gatto, Oscar Quiroga, Edberto González de la Vega y Juan Carlos Villanueva, quienes ocupaban puestos de conducción en Fabricaciones Militares, en Buenos Aires, y en la planta industrial de la empresa estatal en Río Tercero. Todos estaban acusados de "estrago doloso", un delito que el código penal condena con 12 a 20 años de prisión.
Sin embargo, tres de ellos: Cornejo Torino, Franke y González de la Vega, siguen acusados en la Justicia Federal de Buenos Aires por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador.
En cuanto al sobreseimiento de la justicia federal cordobesa, será apelado por la única querellante que queda: la abogada Ana Gritti, quien perdió a su esposo, Hoder Francisco Dalmasso, cuando una bomba lo alcanzó en su auto.
Acostumbrada a las marchas y contramarchas de una pelea que jamás abandonó, Gritti dijo "lo del conjuez Estévez no me sorprende para nada. Este hombre, ni siquiera trabaja en el juzgado: retira material y trabaja en otro lado. Se lleva prueba escogida y no tiene la objetividad de un juez, sino la subjetividad de un defensor".
Gritti señaló que Estévez "trata de desacreditar las pruebas"; y agregó que "hasta trata de justificar lo injustificable, como tapar los cráteres, porque dice que así se restablece la seguridad de la población y que no es una maniobra para ocultar pruebas".
La Fábrica Militar de Río Tercero estalló apenas pasadas las 9 del viernes 3 de noviembre de 1995, y desde entonces la abogada Gritti intenta demostrar que se trató de una explosión provocada, y no accidental.
Desde los primeros años de la investigación, se sospecha que con la voladura de la fábrica se intentó destruir pruebas de la venta de ilegal de armas a Croacia y a Ecuador, realizada durante el gobierno de Carlos Menem.
Tanto Gritti como el diputado Horacio Viqueira, recordaron que "pasaron siete años hasta que el juez Luis Rodolfo Martínez aceptó investigar la hipótesis del atentado. Luego, otros dos hasta las pericias técnicas y químicas que se hicieron por orden del Tribunal Oral Nº 2, donde quedó demostrado no sólo que la voladura fue intencional, sino que hasta se planeó la dirección de su impacto, para evitar que estallaran también la fábrica química que está a pocos metros. Cuando se devolvió la causa a Río Cuarto para que se instruya como un hecho doloso, el juez Martínez se apartó y, en marzo de 2005, llegó Estévez.
En su fallo el conjuez apuntó: "(...) El fuego inicial, el incendio y las explosiones que siguieron, tuvieron lugar porque estaban dadas todas las condiciones para que los hechos ocurrieran en la forma como ocurrieron". La pregunta es: ¿cómo ocurrieron? ¿Por qué estaban dadas todas las condiciones para la tragedia?
En 1995, cuando el estallido, Cornejo Torino era director de la fábrica. González de la Vega fue gerente de Coordinación de Fabricaciones Militares y, por 15 días luego del desastre, director de la planta volada. Franke, en cambio, fue director Producción de Fabricaciones Militares. Los otros tres militares involucrados en las explosiones: Gatto, Quiroga y Villanueva, tenían cargos "menores" en la fábrica.
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